La evaluación Bibob

Si solicita una licencia o una subvención pública, o realiza una transacción inmobiliaria con la Administración, es posible que tenga que someterse a una evaluación Bibob. También si ya dispone de una licencia puede llevarse a cabo una evaluación Bibob.

La evaluación y, en particular, la información que debe facilitar son en gran medida iguales en todo el país. Esto se debe a que una evaluación Bibob comienza con la cumplimentación de un cuestionario Bibob. Aunque no todos los órganos administrativos llevan a cabo la evaluación de la misma manera, existe una Orden sobre los formularios Bibob (Regeling Bibob-formulieren) (HAGA CLIC AQUÍ, en neerlandés), de la que se desprende qué preguntas pueden formularse y qué información puede solicitarse, en función del tipo de licencia, contrato o transacción al que se refiera la evaluación. Un órgano administrativo puede preguntar menos, pero no más. Por tanto, también puede elaborar su propio cuestionario, siempre que se atenga a las preguntas que se derivan de la Orden.

Muchos órganos administrativos utilizan los cuestionarios elaborados por la Oficina Nacional Bibob (Landelijk Bureau Bibob, LBB) (HAGA CLIC AQUÍ, en neerlandés). Las preguntas de esos formularios suelen ser el punto de partida de la evaluación Bibob. Se piden datos del solicitante de la licencia, que puede ser tanto una persona física como una empresa. Además, la evaluación tiene por objeto determinar si existe algún peligro en la concesión de la licencia, el otorgamiento de la subvención o la celebración de la transacción. Por ese motivo se pregunta, por ejemplo, por los contactos anteriores con la justicia de las personas (físicas o jurídicas) implicadas en la solicitud o la transacción. También puede preguntarse por la participación en otras personas jurídicas, y se solicitan muchos datos financieros.

Así, se comprueba si existen deudas y, además, debe acreditarse la financiación de la actividad. Si, por ejemplo, solicita una licencia de obras, debe quedar claro cómo se financia el proyecto de construcción.

A partir de estos datos, el órgano administrativo examina si existe algún peligro de que la licencia, la resolución o la transacción se utilice para cometer delitos: el denominado motivo b (b-grond). Esto puede ocurrir si el solicitante «está relacionado con hechos delictivos». Puede ser el caso si el propio solicitante ha tenido alguna vez contacto con la justicia, pero también si otra persona implicada tiene antecedentes judiciales, como un accionista, un administrador, etc. Además, no se trata solo de condenas: ese peligro también puede deducirse de sospechas o de actuaciones administrativas anteriores.

Asimismo, se examina si existe el peligro de que la licencia, la transacción o la resolución se utilice para aprovechar beneficios obtenidos o por obtener mediante delitos: el motivo a (a-grond). Esta es la razón principal por la que, en el marco de la evaluación Bibob, se pide información sobre las finanzas. Controlando los flujos de dinero se comprueba, por ejemplo, que no se utiliza «dinero sucio» para financiar una solicitud de licencia.

Si las respuestas a las preguntas siguen dejando dudas, el órgano administrativo puede formular preguntas adicionales para poder llevar a cabo correctamente la evaluación Bibob. Así, por ejemplo, ocurre con frecuencia que, a la pregunta sobre la financiación, se responde que se trata de un préstamo de un tercero y se adjunta el contrato de préstamo, pero no se aportan documentos que muestren cómo ha obtenido ese tercero el capital prestado. En ese caso, el órgano administrativo puede formular preguntas adicionales al respecto para obtener una visión clara de esos flujos de dinero.

A continuación, el órgano administrativo suele llevar a cabo su propia investigación a partir de esos datos. También puede ocurrir que el órgano administrativo remita la solicitud a la LBB y le pida un informe. Algunos órganos administrativos lo hacen prácticamente de forma sistemática y con bastante rapidez. Otros solo lo hacen si existen dudas, por ejemplo, sobre la exactitud de los datos facilitados o si hay indicios que hacen necesaria una investigación más amplia. La LBB puede consultar más fuentes que, por ejemplo, un municipio. Por lo demás, también la LBB puede formular preguntas adicionales para poder llevar a cabo correctamente la evaluación.

Una vez concluida la evaluación Bibob, su conclusión se tiene en cuenta en la toma de decisiones. Si la conclusión es que no existe peligro, la evaluación Bibob obviamente no impide la concesión de la licencia, la adjudicación de una subvención o la celebración de una transacción inmobiliaria.

Si sí se aprecia un peligro, las consecuencias dependen del grado de dicho peligro. Si el peligro es de menor grado, pueden vincularse condiciones adicionales a la licencia para contener ese peligro. Si existe un grave peligro, puede procederse a la denegación. No obstante, también es posible que, aun existiendo un grave peligro, se conceda una licencia sujeta a condiciones.

Si existe un informe Bibob desfavorable, en el sentido de que se afirma que existe algún peligro al que también se vinculan consecuencias, debe darse al interesado la oportunidad de presentar alegaciones (zienswijze) al respecto. Además, puede ocurrir que esa conclusión sobre el peligro se base en datos relativos a un tercero, como un financiador. En ese caso, también ese tercero debe tener la oportunidad de presentar alegaciones.

Con frecuencia acompañamos evaluaciones Bibob, entre otras cosas para evitar que durante la evaluación se cometan errores que más adelante puedan tener graves consecuencias negativas. Lea aquí sobre estos escollos. También si se le da la oportunidad de presentar alegaciones frente a un informe desfavorable, ya sea como solicitante o como «tercero», podemos asistirle.

Esta traducción se ofrece únicamente a título informativo. En caso de discrepancia o de duda sobre su interpretación, prevalecerá la versión neerlandesa de esta página.